De acuerdo con el informe „Desapariciones en México“ que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en el mes de mayo de 2026, al 3 de junio de 2025, en México había más de 29 mil 503 mujeres desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). El grupo con mayor número de casos corresponde a adolescentes de entre 15 y 19 años, con 6 mil 141 desapariciones. Además, entre los 12 y 16 años, las niñas y adolescentes desaparecidas superan en número a los hombres de la misma edad, con un registro de 5 mil 454 casos.

La CIDH señala que las desapariciones de mujeres tienen causas multidimensionales, aunque advierte una estrecha relación con la violencia de género. Entre los principales patrones identificados se encuentran la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Las víctimas suelen ser captadas mediante engaños afectivos o grooming a través de redes sociales, videojuegos y aplicaciones móviles, lo que facilita su aislamiento y sometimiento. También se documentan casos de explotación doméstica, adopciones ilegales y explotación económica.

El informe cita el caso de Mónica Alejandrina, desaparecida en 2004 cuando se dirigía de su domicilio, en el Estado de México, a su universidad en la Ciudad de México. Más de 20 años después, aún no se conoce su paradero. Su madre, Adela Alvarado, denunció ante la CIDH que la familia enfrentó la pérdida de la carpeta de investigación, amenazas y desplazamiento forzado, además de que una de las hipótesis es que la joven fue llevada al extranjero con fines de trata de personas.

La CIDH también advierte que muchas desapariciones de mujeres están relacionadas con feminicidios y que estos casos suelen investigarse con deficiencias y sin perspectiva de género, lo que favorece la impunidad. Como ejemplo, recuerda el caso de Rubí Marisol Frayre Escobedo, desaparecida y asesinada en Chihuahua en 2008, y el posterior asesinato de su madre, Marisela Escobedo, mientras protestaba por justicia en 2010. El organismo reiteró que el Estado debe actuar con rapidez, realizar investigaciones efectivas y aplicar un enfoque de género para prevenir, esclarecer y sancionar estos hechos.