Los conflictos armados no sólo provocan muertes, desplazamientos y destrucción, sino que también pueden incrementar significativamente el número de personas cuyo paradero se desconoce, ya sea como consecuencia de enfrentamientos, desplazamientos, separación de familias, detenciones o actos deliberados de desaparición. Entre estos últimos se encuentra la desaparición forzada, un grave delito y una violación de los derechos humanos que puede ser cometida directamente por agentes del Estado o con su autorización, apoyo o aquiescencia. En determinados contextos, además, personas o grupos particulares pueden cometer desapariciones en el marco de la violencia y la criminalidad asociadas a los conflictos.

Con base en datos del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), aproximadamente 284.400 personas fueron registradas como desaparecidas por sus familiares ante el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja durante 2024. Esta cifra representó un incremento de aproximadamente 68 % respecto de 2019, cuando se registraron alrededor de 169.500 personas. El ICRC advierte, sin embargo, que estos datos no representan el número total de personas desaparecidas en el mundo, que probablemente es mucho mayor.

La desaparición puede convertirse en una consecuencia particularmente grave de los conflictos armados. Cuando las partes no respetan las normas del derecho internacional humanitario, aumentan los riesgos de separación familiar, detenciones sin información, desplazamientos sin mecanismos adecuados de registro y pérdida de información sobre personas fallecidas. Por ello, las normas aplicables a los conflictos establecen obligaciones destinadas a prevenir las desapariciones y a garantizar que las familias puedan conocer el destino de sus personas queridas.

Pero las consecuencias no terminan cuando cesa la violencia. Una persona desaparecida deja tras de sí una familia que puede permanecer durante años o décadas sin saber si su familiar vive, está detenida o detenido, herida o herido o si falleció. La incertidumbre dificulta el duelo, genera consecuencias sociales y jurídicas y puede mantener abiertas heridas que afectan a comunidades enteras.

Por esta razón, esclarecer el destino de las personas desaparecidas no debería considerarse una cuestión secundaria dentro de los procesos de paz. La forma en que los Estados y las partes de un conflicto responden a estos casos puede influir durante años en la reconciliación, la reconstrucción de las comunidades y la confianza en las instituciones. La falta de respuestas, por el contrario, puede alimentar el resentimiento, profundizar las divisiones y dificultar los esfuerzos para desescalar y resolver los conflictos.

Prevenir las desapariciones durante los conflictos y esclarecer el destino de quienes permanecen desaparecidas y desaparecidos constituye, por tanto, una responsabilidad humanitaria y jurídica, pero también una condición importante para construir una paz duradera. Saber qué ocurrió con quienes desaparecieron no sólo responde al derecho de las familias a conocer la verdad, sino que también puede ser parte fundamental de la reconstrucción de sociedades después de la violencia.

El ICRC, junto con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, trabaja mediante la Family Links Network para localizar a personas desaparecidas y restablecer el contacto entre familiares separados por guerras, desastres y migración. En 2024, sus esfuerzos permitieron localizar a más de 16.000 personas y reunir nuevamente con sus familias a más de 7.000.