La desaparición de personas migrantes es una problemática que ocurre en distintas rutas del mundo y cuya verdadera dimensión todavía resulta difícil de conocer. Desde 2014, el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registra muertes y desapariciones ocurridas durante los desplazamientos hacia un destino internacional. Su base de datos constituye la principal referencia mundial sobre este fenómeno, pero la propia organización advierte que sus cifras deben considerarse una estimación mínima, debido a las dificultades para documentar lo que sucede en muchas rutas migratorias.
Los registros muestran la magnitud de esta crisis. En 2024 se documentaron al menos 9,202 muertes y desapariciones durante procesos migratorios a nivel mundial. La cifra convirtió a 2024 en uno de los años más letales registrados por la OIM. En 2025, el Proyecto Migrantes Desaparecidos registró al menos 7,927 personas muertas o desaparecidas en las rutas migratorias del mundo. La reducción respecto del año anterior no significa necesariamente que las rutas se hayan vuelto más seguras.
Una parte importante de estas desapariciones ocurre en lugares donde resulta particularmente difícil recuperar cuerpos o reconstruir lo sucedido. En los trayectos marítimos, por ejemplo, las embarcaciones pueden hundirse sin que existan listas completas de pasajeros y muchos cuerpos nunca son recuperados. En las rutas terrestres, las personas pueden desaparecer en zonas remotas, desiertos, selvas o territorios controlados por grupos criminales. La falta de testigos, la ausencia de denuncias y el temor de quienes sobreviven a entrar en contacto con las autoridades también dificultan la documentación. Por estas razones, una persona puede quedar fuera de los registros incluso cuando sus familiares saben que desapareció durante el trayecto.
La dimensión de la desaparición tampoco se limita a un determinado continente. El Mediterráneo es todavía una de las rutas migratorias más mortíferas conocidas, pero también se han documentado numerosas muertes y desapariciones en África, Asia y las Américas. En 2025, por ejemplo, la OIM registró un número récord de muertes y desapariciones en la ruta oriental desde el Cuerno de África hacia la península arábiga. En las rutas marítimas y terrestres que atraviesan distintas regiones del mundo se combinan riesgos como ahogamientos, accidentes, condiciones ambientales extremas, violencia y otras situaciones relacionadas con trayectos migratorios inseguros.
El problema de los registros es fundamental para entender la situación. Las cifras disponibles no representan necesariamente el número total de personas que han desaparecido, sino los casos que pudieron ser documentados. La OIM señala que muchas muertes nunca son denunciadas o confirmadas y que, en determinadas rutas, es imposible saber cuántas personas viajaban en una embarcación o cuántas pudieron haber quedado atrás. La ausencia de información también dificulta identificar restos humanos y relacionarlos con familias que buscan a sus personas queridas. De esta manera, la desaparición puede prolongarse durante años sin que exista una respuesta definitiva sobre el destino de la persona.
En México, esta problemática adquiere características particulares porque el país forma parte de una de las principales rutas migratorias del continente. Las personas que atraviesan su territorio con destino, principalmente, a Estados Unidos pueden estar expuestas a diferentes formas de violencia y a condiciones que dificultan su localización. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado la especial vulnerabilidad de las personas migrantes frente a la desaparición y ha recibido información sobre subregistro y falta de acceso efectivo a la justicia. Entre los casos documentados se encuentran desapariciones individuales y colectivas, secuestros, desapariciones vinculadas con masacres y casos relacionados con la muerte durante cruces fronterizos.
La historia reciente de México incluye algunos de los casos más graves de violencia contra personas migrantes. La CIDH destaca, entre otros, la masacre de 72 migrantes ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, en 2010; el hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas en 2011; y el caso de Cadereyta, Nuevo León, donde fueron encontrados 49 torsos humanos en 2012. En algunos de estos casos, todavía existen restos sin identificar. Estos hechos muestran que la desaparición de personas migrantes no se limita a la pérdida de contacto durante el trayecto: también puede estar vinculada con secuestros, asesinatos, ocultamiento de cuerpos y dificultades posteriores para identificar y repatriar los restos.
La información recopilada por la Fundación para la Justicia muestra, además, las dificultades para determinar cuántas personas migrantes han sido víctimas de desaparición en México. A partir de solicitudes de información dirigidas a la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración y fiscalías estatales, la organización reportó un total de 454 víctimas de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, migrantes o personas de origen extranjero, entre 2006 y noviembre de 2025. Sin embargo, varias fiscalías no proporcionaron información comparable. Algunas reportaron cero casos, otras remitieron al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, algunas señalaron que no contaban con ese registro y otras entregaron bases de datos que no permitían identificar específicamente a personas migrantes desaparecidas.
A nivel federal, la misma investigación encontró que la Fiscalía General de la República tenía, entre 2018 y octubre de 2025, 20 carpetas de investigación por posible desaparición forzada y 79 por posible desaparición cometida por particulares contra personas migrantes. En conjunto, la FGR informó de 197 víctimas en esas carpetas. Estas cifras no deben interpretarse como el total de personas migrantes desaparecidas en México, sino como los casos registrados por una institución bajo determinadas categorías y durante un periodo específico. La propia diversidad de respuestas obtenidas de las autoridades muestra uno de los principales obstáculos para dimensionar el fenómeno.
Las desapariciones también pueden producirse en circunstancias diferentes al secuestro. La CIDH recoge información sobre privaciones de libertad en las llamadas casas de seguridad, secuestros colectivos o individuales y casos en los que una persona puede ser privada de su libertad en una estación migratoria o cárcel sin que su familia reciba la debida notificación. La Fundación para la Justicia también documenta desapariciones vinculadas con trata y reclutamiento forzado, así como casos relacionados con personas que mueren durante cruces por ríos o desiertos y cuyos cuerpos no son localizados o identificados.
Otro problema es la dimensión transnacional de estas desapariciones. Una persona puede desaparecer en México mientras su familia se encuentra en Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos u otro país. La búsqueda, por tanto, requiere intercambiar información entre distintas instituciones y países, además de mecanismos que permitan a las familias participar en los procesos aun cuando no puedan viajar al lugar donde ocurrió la desaparición. La CIDH señala que México cuenta desde 2015 con el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAEBI), creado para facilitar el acceso a la justicia de personas migrantes y sus familias que se encuentran fuera del país. También existen un Grupo de Trabajo Interinstitucional y una Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas.
Sin embargo, la existencia de estos mecanismos no significa que las búsquedas hayan sido efectivas en todos los casos. La CIDH recibió información sobre resultados limitados del MAEBI, entre ellos dificultades para desarrollar estrategias de investigación, falta de correspondencia entre las investigaciones fiscales y los planes de búsqueda y ausencia de suficientes diligencias transnacionales con los países de origen. Una organización que había activado este mecanismo informó que, de 124 reportes de desaparición registrados entre 2006 y 2018 en contextos de trata, crimen organizado y desaparición cometida por particulares, sólo se habría logrado identificar a 20 personas.
La búsqueda forense constituye otra pieza fundamental. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabaja desde hace décadas en distintos países para recuperar, analizar e identificar personas desaparecidas. En América del Norte y Central desarrolla el Proyecto Frontera, que utiliza bancos de datos forenses para cruzar información proporcionada por familias de personas migrantes no localizadas con datos de cuerpos sin identificar encontrados en las rutas migratorias entre Centroamérica, México y Estados Unidos. Este tipo de trabajo permite conectar dos problemas que con frecuencia permanecen separados: las familias que buscan a una persona desaparecida y los restos humanos que permanecen sin nombre.
La desaparición de una persona migrante tampoco termina cuando se encuentra un cuerpo. La identificación y la comunicación adecuada con las familias son parte de la búsqueda de verdad y justicia. La CIDH ha documentado problemas relacionados con la identificación y repatriación de restos de personas migrantes recuperados en México, incluidos casos en los que las familias cuestionaron la forma en que se realizaron estos procesos. Esto demuestra que una respuesta adecuada requiere no sólo localizar personas o restos, sino también garantizar procedimientos confiables de identificación, información a las familias y mecanismos de justicia y reparación.
La situación de las personas migrantes desaparecidas refleja, en última instancia, una crisis que permanece parcialmente oculta. Las rutas migratorias pueden atravesar territorios extensos y peligrosos, mientras que los sistemas de registro y búsqueda aún enfrentan problemas de coordinación, acceso a información y cooperación entre países. Los datos disponibles permiten identificar la existencia de un problema de gran dimensión, pero también muestran sus propios límites. Por ello, conocer cuántas personas desaparecen, dónde lo hacen y qué ocurrió con ellas exige mejorar la documentación, fortalecer la búsqueda y la identificación forense y garantizar que las familias puedan acceder a la justicia, incluso cuando se encuentren lejos del lugar donde ocurrió la desaparición.