A pesar de que han transcurrido décadas desde que la desaparición forzada comenzó a ser reconocida internacionalmente como una de las formas más graves de violación de los derechos humanos, esta práctica es todavía hoy utilizada en distintas partes del mundo como instrumento de represión política. La desaparición forzada permite en estos casos no solamente privar a una persona de su libertad, sino también ocultar su destino y negar información a sus familiares, lo cual la coloca fuera de la protección de la ley.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto, la Organización de Naciones Unidas recordó que esta práctica puede utilizarse como una estrategia para sembrar el miedo dentro de una sociedad. Las víctimas pueden ser opositoras y opositores políticos, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, activistas o personas consideradas una amenaza por quienes ejercen el poder. Su efecto, por tanto, trasciende a la persona desaparecida, pues la incertidumbre y el temor también alcanzan a sus familias, comunidades y organizaciones.

La desaparición forzada no termina con la privación de libertad. La falta de información sobre el paradero de la víctima puede prolongarse durante años, mientras sus familiares enfrentan incertidumbre, dificultades para acceder a la justicia y el derecho negado a conocer qué ocurrió con su persona querida; por esta razón, es preciso señalar que la desaparición forzada también priva a las familias y a las comunidades del derecho a conocer la verdad.

En 2026, el problema es lamentablemente relevante, año en que se cumplen 20 años de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La persistencia de esta práctica demuestra que su prohibición jurídica no ha sido suficiente para impedir que se la utilice como un mecanismo de intimidación, control y represión.

Recordar a las víctimas de desaparición forzada implica, por ello, mucho más que preservar su memoria. También significa exigir que los Estados prevengan estas prácticas, investiguen cada caso, determinen el paradero de las personas desaparecidas y garanticen justicia y reparación para sus familias. Mientras una persona permanezca desaparecida y se desconozca su destino, la obligación de buscar respuestas permanece y permanecerá vigente.

¡¿DÓNDE ESTÁN?!